El debate sobre la remuneración de los legisladores es un tema recurrente en las democracias modernas. La idea de que el servicio público, y particularmente el ejercicio de una curul en el Congreso, deba ser un honor y no una profesión lucrativa, resuena con fuerza en la ciudadanía que demanda una gestión más ética y menos enfocada en el beneficio personal.
El Honor como Pilar del Mandato Popular.
La esencia del mandato legislativo radica en la representación de la voluntad popular y en la dedicación al servicio de la nación. Históricamente, en diversas culturas y épocas, los altos cargos públicos se han concebido como una distinción, un reconocimiento a la trayectoria, la probidad y la capacidad cívica de un individuo. Entender el puesto de legislador como un cargo estrictamente honorario y honorífico implica retomar esta concepción fundamental. Al desvincular la función de una remuneración salarial fija y sustancial, se purifica la motivación de los aspirantes. El incentivo principal ya no sería el sueldo, sino la genuina vocación de servicio, el deseo de contribuir al bien común y el prestigio inherente a tan alta responsabilidad.
Hacia una Democracia de la Vocación, No del Lucro
La propuesta de suprimir los sueldos de los legisladores y limitar la compensación a la cobertura de viáticos —en una justa y transparente proporción a la distancia que deban recorrer para cumplir con sus funciones— es una medida que busca redefinir la relación entre el representante y el representado.
* Atracción de Servidores Genuinos: Quienes busquen el cargo lo harían por un compromiso ideológico y social real, no por el atractivo económico. Esto podría elevar el perfil moral y ético de los candidatos.
* Fomento de la Austeridad: Eliminar el sueldo reduciría drásticamente una de las partidas de gasto público que más controversia genera, proyectando un mensaje de austeridad y eficiencia en la administración de los recursos estatales.
* Prevención de la Corrupción: Aunque el honor no es una garantía absoluta, la reducción del beneficio económico directo disminuye la tentación de ver el escaño como una fuente de riqueza personal o como un trampolín para intereses privados. El enfoque en la pura labor legislativa se fortalecería.
Los viáticos, por su parte, deben ser regulados bajo estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas. Solo se compensarían los gastos esenciales e irrefutables (transporte, alojamiento y manutención) que permitan al legislador ejercer su función sin que su posición económica personal se vea menoscabada, asegurando que el ejercicio legislativo no se restrinja únicamente a las élites.
Consideraciones Finales.
Si bien esta propuesta representa un cambio paradigmático y exigiría un profundo debate constitucional y social, su objetivo es noble: devolver al poder legislativo su sentido original de servicio y sacrificio cívico. Al renunciar al sueldo como derecho, el legislador reafirma su compromiso con el país y eleva el cargo de simple empleo a una auténtica misión de Estado. El honor y el servicio desinteresado deben ser el único premio.
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