30 noviembre 2025

1935 - Lázaro Cárdenas también derribó a su SCJN.

La sombra de la “refundación judicial”: De Cárdenas a Sheinbaum, dos momentos decisivos para la Corte

Lo de ayer es lo de hoy. Es la tesis de este blog.

En México, cada intento de modificar la arquitectura del Poder Judicial despierta un viejo fantasma: la tensión entre la legitimidad democrática y la tentación de someter al árbitro constitucional. 

Hoy, con la reforma impulsada por el gobierno de Sheinbaum —que incluye la sustitución total de ministros y la elección popular de jueces— es inevitable mirar hacia atrás. Y en ese recorrido histórico, un caso comparable es el de Lázaro Cárdenas.
Durante décadas, el episodio cardenista de 1934–1935 se leyó como la expresión de un proyecto transformador que debía remover inercias porfiristas y callistas. Sin embargo, también fue una intervención directa para reconfigurar la Suprema Corte de Justicia, con efectos como los buscados hoy.

Tras romper con el expresidente masón Plutarco Elías Calles, el masón Cárdenas se enfrentó a una Corte que reflejaba todavía la composición política de los años previos. No hubo una sustitución jurídica “total” como la que propone la reforma morenista, pero sí se produjo una reconstrucción la SCJN.

Lo documentado por historiadores del periodo y por especialistas muestra:

El Congreso cardenista modificó la estructura de la Corte, redujo su integración y redefinió sus alcances.

Hubo presiones políticas para acelerar renuncias y facilitar la llegada de perfiles afines al proyecto de la “revolución institucionalizada”.

La reforma judicial de 1935 fortaleció al Ejecutivo en detrimento de los contrapesos, en un momento en que el país apostaba a un presidencialismo robusto como solución al caos posrevolucionario.

El mensaje político fue claro: el nuevo régimen necesitaba una Corte alineada —o al menos no hostil— al proceso de transformación (la 3a Transformación). Amlo vio lo mismo para su 4a Transformación.

90 años después: Morena refunda su propio Poder Judicial alineado. 

La propuesta de reforma judicial del actual gobierno —elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros; desaparición de la SCJN actual; creación de un Tribunal Constitucional; sustitución total de la integración— se plantea como un viraje histórico.

Los objetivos declarados:
combatir la corrupción,
democratizar la justicia,
y romper las élites corporativas que han controlado la judicatura.

Pero más allá de las intenciones, el efecto institucional es claro: un rediseño completo del sistema judicial y la salida inmediata de quienes hoy integran la Corte.

Si en el sexenio cardenista se modificó la Corte para consolidar un proyecto político emergente, el actual proceso busca rehacer la función judicial desde cero. En el fondo es lo mismo.

Es otro camino, pero la consecuencia es igual: la Corte no se quiere como contrapeso autónomo. Se necesita como pieza de un rediseño político estructural, impulsado desde el bloque gobernante que dijo sería distinto. 

Hay paralelismos inevitables.

Sin importar los procedimientos—presiones políticas y reformas orgánicas en 1935; sustitución constitucional total en 2025-, ambos momentos comparten elementos:

1. El origen político de la intervención
Tanto Cárdenas como Morena impulsan cambios judiciales en el contexto de proyectos políticos de amplia legitimidad electoral y con pretensión transformadora. En ambos casos, la Corte es vista como un freno.

2. El uso del Congreso como brazo ejecutor
Las modificaciones fueron impulsadas con apoyo legislativo sólido, lo que facilitó reformas profundas sin necesidad de rupturas extralegales.

3. La justificación moral del cambio
Cárdenas argumentó estancamiento y connivencia conservadora. Lo mismo Amlo.
Sheinbaum argumenta corrupción y opacidad.
En los discursos, la Corte es presentada como un obstáculo ético.

4. La recomposición total o parcial de perfiles
Aunque el método varía, el resultado es similar: una Corte reemplazada o rediseñada para ajustarse al nuevo horizonte político.

Cárdenas actuó en un sistema parcialmente autoritario en construcción, donde el presidencialismo fuerte era un consenso emergente.

Sheinbaum actúa en un régimen constitucional consolidado, donde la independencia judicial es un estándar democrático contemporáneo. Y también hay un presidencialismo fuerte. Como siempre. Son paralelismos indudables.

Cárdenas eliminó la Corte tal como existía. Amlo/Sheinbaum hicieron igual. La reforma actual plantea su disolución y reconstrucción completa.

Sin embargo, estas diferencias no eliminan el eco común: el Poder Ejecutivo impulsa una transformación integral del Poder Judicial en momentos de hegemonía política.

El paralelismo histórico obliga a una mirada crítica. Las reformas judiciales profundas pueden ser legítimas, necesarias o incluso urgentes. Pero cuando las dos “refundaciones” judiciales más importantes del México moderno coinciden en que el Ejecutivo emerge fortalecido mientras la Corte queda debilitada, la pregunta inevitable es: ¿Hasta qué punto la fuerza electoral debe permitir al gobierno redibujar los contrapesos constitucionales?

La historia demuestra que estas decisiones marcan generaciones. La Corte cardenista acompañó el nacimiento del presidencialismo hegemónico que duró más de medio siglo. La nueva Corte —o Tribunal Constitucional— que surja tras la reforma actual determinará la forma del Estado mexicano por décadas, pero en el exceso está la debilidad. 

Lo que está en juego no es solo un ajuste técnico: es el equilibrio mismo entre poder y límite, entre gobierno y Constitución.
Y esa es, precisamente, lo que une a 1935 y 2025. A Cárdenas le sucedió un moderado que fue Ávila Camacho. A Sheinbaum quién.
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28 noviembre 2025

Las Fiscalías autónomas son imposibles.

La Autonomía como imposibilidad: Fiscalías con la Dependencia de Siempre.

::: Porfirio Díaz, PRI y PAN, y Morena, funcionan igual. 

La transición de Procuraduría a Fiscalía prometió en 2014 la despolitización de la justicia penal en México. Una década después, tanto a nivel federal como en estados clave como Veracruz, el balance es demoledor: la injerencia del Poder Ejecutivo se mantiene intacta. 

La autonomía es hoy un concepto puramente formal, desmantelado en la práctica por los mecanismos de designación y los ajustes legislativos a la medida del poder en turno.
La Autonomía como Espejismo Constitucional
El proceso político y legislativo que condujo al nacimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), establecido en la Reforma Constitucional de 2014, tenía un objetivo claro: garantizar la autonomía funcional del Ministerio Público Federal. Se buscaba poner fin a la figura de la Procuraduría General de la República (PGR), históricamente subordinada a las órdenes y conveniencias del Presidente de la República.

Para ello, el Artículo 102 constitucional estableció blindajes como el mandato de nueve años para el Fiscal, que debía trascender el sexenio presidencial, y la aprobación por mayoría calificada del Senado. 
Sin embargo, estas garantías han sido sistemáticamente burladas por la praxis política.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a la Presidencia prometiendo una transformación profunda del país, defendió la nueva figura como un triunfo de la autonomía. 

No obstante, su gobierno impulsó la designación del Doctor Alejandro Gertz Manero, quien inició su periodo de nueve años en 2019, pero cuya lealtad y cercanía al Ejecutivo Federal fue desde el inicio el principal foco de crítica sobre la independencia de la institución. 
Más recientemente, la "renuncia" de Gertz Manero y la propuesta de designación de Ernestina Godoy —con una trayectoria política ligada al actual movimiento gobernante— como candidata potencial para la FGR (tras su paso por la Fiscalía de la Ciudad de México), confirman que la lealtad política ha sustituido a la independencia institucional.

La FGR tiene la autonomía orgánica (es una institución separada), pero carece de autonomía funcional (no actúa con independencia de criterios políticos), lo que nos regresa al mismo punto de partida que con la antigua PGR. Estamos igual o peor, peor por la simulación.

El Talón de Aquiles: Designación y Mandatos Acortados
El principal defecto de la autonomía radica en que el Ejecutivo, al proponer a personas con historial político muy allegado, neutraliza el blindaje. La crítica fundamental es que, si el Fiscal es un incondicional, la objetividad institucional se derrumba.

El caso de Alejandro Gertz Manero es un ejemplo perfecto de cómo se anula el propósito de la temporalidad. Su mandato, que debía extenderse hasta 2028, se vio abruptamente acortado, dando paso a una nueva terna que consolida la influencia del Ejecutivo en el cargo. La duración de nueve años, concebida para desfasar la Fiscalía del ciclo político, se vuelve irrelevante ante la presión o las "renuncias" pactadas.

La Metástasis a Nivel Estatal: El Caso de Veracruz
El fenómeno se replica y se agrava en las entidades federativas, donde el poder político ha sido incluso más explícito en desmantelar la autonomía. El caso de Veracruz es ejemplo.

Tras la gestión de Luis Ángel Bravo Contreras, la Fiscalía de Veracruz se convirtió en el blanco de reformas que consolidaron el control del Ejecutivo estatal. La actual titular, Verónica Hernández Giadáns, asumió el cargo tras un polémico proceso y es señalada por su cercanía al gobierno estatal en turno, habiendo fungido previamente como directora jurídica de la Secretaría de Gobierno.
El golpe final a la autonomía de la Fiscalía de Veracruz no fue la designación, sino el acortamiento legal del mandato. Recientemente, el Congreso local modificó la ley para reducir la duración del cargo de Fiscal de nueve a cuatro años, regresando la facultad de designación al Poder Ejecutivo Estatal y alineando su permanencia con el ciclo del Gobernador en turno, cada uno de los cuales quiere su fiscal a modo. 

Este ajuste legislativo es un acto de disciplinamiento político. Al someter al Fiscal a un periodo corto y a la posibilidad de ratificación, se crea una palanca de presión para que el titular evite investigar a los actos de corrupción o las violaciones de derechos humanos que involucren al gobierno en turno.

El proceso de transformación de Procuraduría a Fiscalía, impulsado con grandes esperanzas de justicia y rendición de cuentas, ha culminado en una autonomía de papel gracias a Morena que festejó la autonomía y ahora la aniquila. 

Los mecanismos de control político han demostrado ser más fuertes que los blindajes constitucionales. La duración teórica de nueve años se anula mediante la designación de incondicionales dispuestos a renunciar cuando el ciclo político lo exija (como el caso de Gertz Manero), o se anula legalmente en los estados (como en Veracruz) mediante reformas oportunistas.

Mientras la designación de figuras clave como Alejandro Gertz y la presión para colocar a perfiles como Ernestina Godoy en la FGR sean la norma, y las fiscalías estatales como la de Verónica Hernández Giadáns estén sujetas a mandatos truncados por el Congreso. 

Sometidos al Ejecutivo la Fiscalía y el Poder Judicial, como cuando el PRI o Porfirio Díaz, la autonomía seguirá siendo una farsa jurídica y la justicia penal continuará siendo una herramienta política al servicio del poder, justo como cuando la Procuraduría no era autónoma. 

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26 noviembre 2025

Genealogía y Evolución de un Lema.,

De “Dios, Patria y Libertad” a “Patria, Familia y Libertad”: La Genealogía y Evolución del Lema Conservador en México

La reciente adopción del lema “Patria, Familia y Libertad” por parte del Partido Acción Nacional (PAN) ha generado un intenso debate que trasciende el mero eslogan de campaña. Este cambio, que sustituye la mención explícita a “Dios” por el concepto de “Familia”, no es un hecho aislado ni carente de historia. Representa la culminación de un largo proceso de evolución estratégica dentro de la derecha política mexicana, cuyas raíces se remontan a los primeros años del siglo XX. Para comprender su profundidad, es necesario rastrear su genealogía desde el olvidado Partido Católico Nacional (PCN) de 1911, pasar por la fundación del PAN en 1939 y observar su resonancia en movimientos internacionales como el fascismo de Benito Mussolini, cuyo juego retórico ofrece un revelador contraste comparativo.
El Partido Católico Nacional (PCN) y su Lucha por la Fe Pública

En el México posrevolucionario, antes incluso de la Constitución de 1917, un grupo de intelectuales y activistas católicos, liderados por hombres como Miguel Palomar y Vizcarra y el padre Jesús C. G. Quijano, fundó en 1911 el Partido Católico Nacional (PCN). Su objetivo era contrarrestar la creciente ola de anticlericalismo y secularización impulsada por el gobierno de Francisco I. Madero y, posteriormente, por Venustiano Carranza.

El PCN, aunque de vida corta (se disolvió hacia 1913), estableció un precedente crucial: fue el primer esfuerzo orgánico por constituir un partido político moderno con base en la doctrina social de la Iglesia católica. Su ideario puede considerarse la primera encarnación política de la tríada “Dios, Patria y Libertad” en México. Para el PCN:

· “Dios” era el principio rector de la vida pública y privada, la base para restaurar el orden moral de la nación.
· “Patria” representaba una México cuya identidad y leyes debían estar impregnadas de catolicismo.
· “Libertad” se entendía, primordialmente, como la libertad de la Iglesia para ejercer su ministerio y su influencia en la sociedad, amenazada por las Leyes de Reforma y el nuevo orden liberal.

El PCN fracasó como proyecto electoral, pero su espíritu y su batalla ideológica serían retomados dos décadas después.

Del PCN al PAN y la Sombra Cristera

Al fundarse el PAN en 1939, sus fundadores, como Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, bebieron de las fuentes del activismo católico previo, incluyendo la experiencia del PCN y el reciente trauma de la Guerra Cristera (1926-1929). El lema “Dios, Patria y Libertad”, gritado por los cristeros, fue adoptado tácita o explícitamente como una seña de identidad.

Sin embargo, el PAN no fue una simple reencarnación del PCN. Mientras el PCN era abiertamente confesional y buscaba un Estado confesional, el PAN, bajo el “humanismo cristiano” de González Luna, propuso una visión más sofisticada: no un Estado confesional, pero sí un Estado cuyas leyes estuvieran inspiradas en los principios de la ley natural cristiana. El lema, por tanto, se mantuvo como un pilar ideológico, definiendo al PAN como el partido opositor al laicismo revolucionario del PRI.

El giro hacia “Patria, Familia y Libertad”

El triunfo de Vicente Fox en el 2000 marcó el punto de inflexión que llevaría décadas después al cambio de lema. Para ganar y gobernar un país plural, el PAN necesitó moderar su imagen confesional. “Patria, Familia y Libertad” es la culminación de esta modernización estratégica.

Al reemplazar “Dios” con “Familia”, el PAN realiza un movimiento crucial:

1. Secularización y Ampliación del Electorado: “Familia” es un valor transversal, no exclusivamente religioso. Permite al partido conectar con conservadores no católicos y con cualquier persona que se identifique con la defensa de esta institución, sin la carga dogmática de “Dios”.
2. Continuidad Ideológica Pragmática: La “Familia” que el PAN promueve es, en la práctica, el vehículo principal de la doctrina social católica en la esfera pública. Las batallas culturales se libran ahora bajo la bandera de la defensa de la “familia natural”. Es un cambio formal para mantener una agenda arraigada en valores religiosos.
3. Reordenamiento de Prioridades: Al poner “Patria” en primer lugar, el partido enfatiza el nacionalismo y la unidad, temas potentes en el clima político actual.

La Resonancia con la Retórica de Mussolini

Si bien el régimen de Benito Mussolini (1922-1943) no utilizó un lema idéntico, su retórica muestra un patrón conceptual similar en la construcción de un proyecto nacionalista y autoritario. El fascismo italiano exaltó la Patria con un nacionalismo exacerbado y un culto al Estado. Promovió la Familia tradicional como célula reproductora de la nación, incentivando la natalidad con políticas explícitas. Finalmente, tras los Pactos de Letrán de 1929, Mussolini incorporó estratégicamente a “Dios” y a la Iglesia Católica como pilares de la italianidad, instrumentalizando la fe para legitimar su régimen.

La secuencia conceptual es análoga, aunque los fines son distintos: tanto el PAN histórico como el régimen fascista entendieron el poder movilizador de fusionar la lealtad nacional, la institución familiar y la simbolización religiosa. La diferencia fundamental radica en que el PAN, en un marco democrático, subordina estos conceptos a la libertad individual, mientras que el fascismo los subordinaba al Estado totalitario.

La Larga Marcha de un Lema

El cambio del PAN de “Dios, Patria y Libertad” a “Patria, Familia y Libertad” no es un simple giro de mercadotecnia. Es el punto final de una larga marcha que comenzó con el Partido Católico Nacional en 1911: la transición de un proyecto político abiertamente confesional a uno de “valores conservadores” seculares.

Al observar esta evolución desde el PCN de 1911, se entiende que el nuevo lema no renuncia a la herencia católica, sino que la reformula para un nuevo siglo. Es la misma batalla cultural, librada ahora con un léxico diseñado para una sociedad formalmente laica, demostrando una vez más que en política, los significantes evolucionan, pero los significados profundos suelen persistir, adaptándose para sobrevivir.

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24 noviembre 2025

Echeverría/Excélsior equivale a Sheinbaum/TVAzteca

Este blog tiene la tesis de que la historia es sólo un intercambio de nombres propios. Echeverría/Excélsior equivale a Sheinbaum/TVAzteca, sólo que en diferente época. El siguiente texto es de JLP pero cerremos los ojos y juguemos a adivinar quién habla:

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José López Portillo, 7 de Junio de 1982 - "Plena libertad de expresión"

El Presidente José López Portillo se dirigió a los presentes con las siguientes palabras:

Un grupo de hombres libres se ha reunido para realizar un acto consagrado a la libertad y a su libre ejercicio. Concurro a esta tribuna -no quiero usar otra- como un hombre libre que quiere también expresarse ante y, sobre todo, frente a hombres libres.

No voy a hacer el elogio de la libertad. El máximo elogio de la libertad lo ha hecho el pueblo de México al consagrarlo en sus Constituciones, de tal suerte que más no podría decirse. 

Simplemente conveniente es recordar, no frente a nuestra historia sino a las relaciones complejas del mundo en el que vivimos, que no en todos los países hay libertad y que no en todos los tiempos la ha habido.

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Como hombre libre quiero concurrir ante ustedes, porque resulta que también como hombre libre estoy implicado como gobernante, estoy implicado como poderoso. En este caso el gobernante y el poderoso es un hombre que quiere libremente expresarse hacia ustedes con el mismo respeto con que sus voces se han expresado ante mí: hombre libre, gobernante y poderoso.

No voy a polemizar mi respetado, querido y admirado don Francisco. No voy a criticar a mis críticos. Como hombre libre tengo ese derecho, lo he ejercido y me reservo a hacerlo para cuando lo considere conveniente. No voy a polemizar. 

Simplemente quiero que reflexionemos juntos, precisamente con ustedes, sobre lo que está subyacente en las observaciones que han encontrado una fórmula feliz, inteligente y hasta elegante en lo que mi admirado don Francisco llamó la satanización de algunos medios.

Vamos a enfrentar los hechos. Soy compulsivo -lo he dicho muchas veces- sobre el particular. No podría yo -porque los respeto a ustedes- dejar para otro foro, ni para otra ocasión el reflexionar sobre lo que aquí se ha depositado en la conciencia crítica de los mexicanos: la satanización de ciertos medios de información.

México -se ha dicho con frecuencia- es un país de máscaras. Conveniente es, de vez en cuando, ver nuestras máscaras para rescatar nuestra identidad; y nuestras máscaras con frecuencia son valores entendidos que de algún modo respetamos, en una relación de simulaciones y de recíprocas complicidades que de vez en cuando estallan y que nos obligan a autorreflexión y autocrítica, y hemos dejado que se acumulen en torno a la comunicación una serie de valores entendidos que a fuerza de reiterarse van inhabilitándose y van estorbando el funcionamiento fluido de nuestra sociedad.

Y creo que si se trata de quitarnos máscaras, conveniente es que aclaremos algunos conceptos que están implícitos o subyacentes en lo que aquí vamos a analizar. Vamos a aclarar algunos conceptos.

Wikipedia

No soy un técnico ni un especialmente preparado en estas materias, pero tengo una experiencia personal que me da título para hablar de ellas. Quisiera que precisáramos lo que es la comunicación, lo que es la información, lo que es la publicidad, lo que es la propaganda y lo que es la obligación del Estado a subsistir derechos.

No voy a hacer un ensayo que los aburra sino un esfuerzo de precisión que nos permita aclarar conceptos, señores. Es la comunicación lo que permite la vida en sociedad porque es la que nos hace -entre nosotros- crear condiciones de comunidad que propicien la convivencia. 

Es conocimiento, es información, es emoción, es tantas cosas que entre nosotros nos comunicamos y que nos permite la vida en la sociedad civil a la que concurrimos buscando la satisfacción de nuestros intereses, entre los que está el legítimo de nuestro propio prestigio.

A la comunidad se le comunica, se le puede comunicar, se le debe comunicar información. A la sociedad se le puede llevar publicidad. Es la sociedad el ámbito de la propaganda; pero precisemos, señores, los conceptos, porque cuando en el juego de comunicación, información, publicidad y propaganda se mezcla el valor de la libertad para suponer que en el juego de aquellos conceptos se conculca la libertad, el hombre libre que es gobernante y es hombre poderoso reclama la libertad de ejercer su derecho a informar sobre sus razones y sobre sus propósitos.

Bien, señores, la información, el meterse en la forma con el concepto, con el conocimiento, es un derecho evidente de la sociedad, que no enfrenta sino se complementa con la libertad de expresión.

Muchas veces hemos insistido en que no debemos confundir la libertad de expresión, la libertad de prensa, que es derecho conseguido por el individuo frente al Estado, con el derecho a la información, a formarse por dentro que tiene la sociedad civil respecto de las cuestiones que le importan. 

El derecho a la información es un derecho social que está en gestión de conciencia -me permiten la expresión-, que está encontrando y abriendo sus propios caminos, confundido en la raíz de su origen que es la libertad de expresión, con la que frecuentemente se entrecruza y con la que debemos empezar a hacer las precisiones pertinentes para que no se obscurezcan en esta relación, en ocasiones difícil.

El derecho a la información, está pues, abierto, es vigente, lo reconozco como derecho social y su principal protagonista -lo dije también muchas veces- es el Estado; pero no sólo el Estado, porque frente al derecho a la información hay la obligación de informar -y mucho más pudiéramos decir sobre el particular, no es mi propósito referirme a este tema, pero sí obligado mencionarlo para no dejarlo inadvertido.

Si el derecho a informar fundamentalmente obliga al Estado, éste tiene que hacerlo fundamentalmente respecto de sus propósitos y respecto de sus actos, y en nuestra sociedad lo hace, con las deformaciones que nuestra vida social le han venido imprimiendo en el transcurso de su aventura política. El Estado que tiene la obligación de informar, en una sociedad plural en la que los medios -y lo he dicho con frecuencia- son entidades mercantiles que venden información y noticia y de ellas viven- y esto es legítimo, no es una crítica sino una observación-, en muchas ocasiones el Estado para informar tiene que pagar.

No se considera con frecuencia suficiente noticia que el gobernante, que el Gobierno informe. Para convertir la información en noticia de algún modo tiene que pagar su publicidad -en buena hora-, es legítimo en una sociedad plural, compleja, mercantil, empresarial, como la nuestra.

La propaganda es un concepto mucho más amplio que la publicidad, que se da en los medios de publicidad, fundamentalmente la prensa y los otros medios masivos de comunicación; pero la publicidad se da a través -creo yo- de medios establecidos, constantes si no que instituidos, y la propaganda es algo mucho más abierto que tiene otra conceptuación.

En mi estimación, debemos reflexionar sobre la publicidad, la publicidad concretamente del Estado, la que tiene que acudir cuando su información no es suficientemente atractiva, no es suficientemente noticia, porque lo prestigia, como para que simple, lisa y llanamente se informe, sino tenga que pagar a los medios de comunicación para que su información se convierta en noticia. Y yo les suplico que meditemos en este tema, porque es aquí en donde empiezan a separarse una serie compleja de canales que nuestra historia ha escrito y que nuestra realidad actual confronta. 

El Estado, en una sociedad plural, mercantil como la nuestra en ejercicio de derechos y obligaciones, no sólo tiene la obligación de informar sino también -y con frecuencia- la obligación y la conveniencia de publicar, de extender entre el público sus propósitos o sus acciones para causar en la sociedad civil el efecto que le interesa y lo paga.


El Estado paga publicidad, el Estado y sus órganos pagan publicidad. ¿Para qué?, para lograr en la sociedad civil el efecto propuesto que puede ser, desde la conveniencia funcional y la efectividad de una de sus funciones -si me permiten la reiteración- hasta obtener de la sociedad el prestigio que resulta de cumplir con sus propósitos y sus objetivos y así justificarse ante la sociedad civil, en la que todos queremos tener el prestigio que nos dé consistencia en la relación humana que la sociedad civil significa.

La búsqueda del prestigio es un derecho legítimo de la persona humana que vive en la sociedad civil y que se da también en el caso del Gobierno, que busca en la sociedad civil la consecución de su prestigio, condición de estabilidad; justificación de su función, de su afán.

Esta sociedad y específicamente este Gobierno ha reconocido como derecho constitucional de la sociedad el derecho a la información y hasta ahora se lo ha reconocido a los órganos en los que la opinión pública puede sustanciarse formalmente para garantizar que su interés en la sociedad civil lo es para informar a la propia sociedad: los partidos políticos. 

Las partes del todo político que tienen el derecho a informar a la sociedad, y la sociedad el derecho a ser informada por los partidos políticos a los que se les ha reconocido el derecho a la información y el Estado ha llegado, con los recursos que el pueblo le otorga, para que si no tienen capacidad económica para hacerlo, de todas suertes lo hagan, porque es obligación del Estado no sólo crear la posibilidad jurídica sino la realidad cotidiana para este derecho a la información se produzca, y entonces tenemos que reconocer una figura paralela, cuya expresión es chocante pero cuya connotación es precisa: se llama el subsidio.

El Estado subsidia a los partidos políticos que no tienen recursos, para que tengan capacidad para informar, para que se den publicidad y para que sustenten su propaganda.

Esta es nuestra realidad institucional, vigente y en pleno ejercicio, como a todos ustedes les consta al informarse, cada día, de lo que en este periodo electoral sucede en la República.

Pero vamos ahora a analizar un concepto que está montado sobre otro y que produce la inquietud que me ha obligado a molestarlos con estas palabras: la confusión que hay entre la publicidad del Gobierno, la libertad de expresión y el cruce con el concepto preciso que debemos usar para expresar la relación con ciertos medios de difusión: el subsidio.

Es legítimo, es razonable pensar -y por eso hice el proemio anterior- que si el Estado da publicidad y la paga, es para alcanzar un propósito en la sociedad civil que formaliza políticamente y a la cual debe servir; publicidad para que su acción, para que sus propósitos, para que sus principios obtengan reconocimiento, justificación o le den prestigio. Para eso paga publicidad.

Pero cuando paga publicidad y obtiene sistemáticamente un efecto contrario, estamos en presencia de una constante opositora que se justifica plenamente en el caso de los partidos políticos; pero que en empresas mercantiles que quieren ganar dinero con la venta de su opinión, con la venta de su difusión, tenemos que hacer reflexiones y distingos, señores.

En buena hora que un partido político, organizado para influir con su opinión en la sociedad, diga del Estado lo que estime pertinente. El Estado tiene la obligación de proporcionar los dineros del pueblo a ese partido para que cumpla, en nuestra sociedad plural, con la función política que lo justifica. ¿Pero hasta qué punto? Este es un tema de reflexión que les deposito, señores. ¿Hasta qué punto?

Una empresa mercantil, organizada como negocio profesional tiene el derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga. Esta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversiones que menciono aquí por respeto a la audiencia.

Te pago para que me pagues, pues no, señores. Frente a las empresas mercantiles que viven de la publicidad y que de ella obtienen ganancias, no altruistas como los partidos políticos, ante cuya responsabilidad rindo respeto, sino que quieren hacer negocio con la publicidad del Estado, hablando sistemáticamente mal del Estado para frustrar los propósitos que el Estado tiene al hacer publicidad, ahí estamos en una relación que debemos vigilar; pero debemos abrir otro departamento.

¿Tienen derecho los medios de información opositores del Gobierno, no incorporados a partidos políticos, a recibir del Estado en forma sistemática y permanente, para justificar su existencia, una cantidad precisa de dinero? ¿Lisa y llanamente tienen derecho? ¿O debemos establecer, si les reconocemos ese derecho, condiciones previas, requisitos aunque sean mínimos? Cualquier mexicano que se presente ante el Estado y le diga voy a publicar una revista, deme dinero. ¿Tiene derecho a recibir del Estado dinero?

Cualquier mexicano que se presente ante el Estado y le diga: "Voy a publicar una revista, dame dinero", ¿tiene derecho a recibir del Estado dinero? ¿Es la forma en que el Estado administra de mejor manera los dineros del pueblo? Es una cuestión que dejo, señores, a su reflexión. ¿El Estado que tantas actividades subsidia, debe subsidiar la oposición sistemática fuera de los partidos políticos gratificando vanidades profesionales que persiguen el lucro? Porque si persiguieran el fin político, a un partido político estarían apremiados. ¿Tienen derecho a recibir porque sí un subsidio del Estado? Si esto es así, si esto es lo que quiere el pueblo de México, no tengo ningún inconveniente en abrir una partida presupuestal para gratificar medios opositores de la prensa no afiliados a los partidos políticos.

Pero no hablemos entonces, señores, de que la publicidad que da el Gobierno es un medio para combatir la libertad de expresión, porque la libertad de expresión se respeta en los términos más absolutos.

¿Si el Estado debe reservarse el derecho a saber si su publicidad, y por eso precisé el concepto, debe emplearse para gratificar intereses mercantiles de medios que han profesionalizado la oposición como modo de supervivencia? Esta es la cuestión que importa. Esta es la cuestión que someto a su análisis y responsabilidad.

Se trata en consecuencia, señores, de quitarnos máscaras. Se trata; en consecuencia, de aclarar conceptos. ¿Es la publicidad subsidio obligatorio del gobierno, o debemos lisa y llanamente abrirle el subsidio a la oposición organizada mercantilmente, para garantizarle sus ingresos?

Me pregunto, señores, ¿qué tiene que hacer el Banco de Crédito Rural pagando publicidad? ¿Para qué? Clientes los tiene a porrillo; le faltan recursos para satisfacer una demanda que ya está organizada. ¿Qué va a hacer el Banco de Crédito Rural pagando publicidad? ¿Es un medio, lisa y llanamente, de subsidiar un medio de información con todas las complicaciones, con todas las complicidades que se van bordando en torno a este sistema de subsidiar la comunicación? ¿De qué se trata: de que la institución adquiera prestigio, de que el funcionario se proyecte políticamente, de evitar que se le ataque, de evitar que se le denuncie?

¿Qué es lo que persigue el Seguro Social cuando paga publicidad de acuerdo con los sistemas complejos que sabemos están va instituidos en nuestra sociedad? Las empresas que necesariamente tendrían que pagar sus obligaciones, las pagan por medio de publicidad, y aquí empieza el sistema, señores, que debemos analizar para ver si es el más correcto.

Como podrá usted ver, don Francisco, no eludo la cuestión que usted me ha planteado; pero respecto de la satanización de alguno de los medios a que usted seguramente se refería, esté usted tranquilo. La banca privada está ahora haciendo publicidad en alguno de los medios satanizados. No tema usted por su destino. La libertad de expresión está garantizada.

Lo que este hombre libre -que es gobernante, que es poderoso quiere hacer ante este grupo de hombres libres, es plantearle una vez más la apasionante cuestión de la comunicación, de la libertad de expresión, del derecho a la información con sus modalidades publicidad y propaganda, para que aclarando conceptos, quitándonos máscaras, analicemos de Peno, frente a frente la cuestión, sin implicaciones viciosas y mucho menos quitándole los humillantes aspectos de perversión que son intolerables.

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22 noviembre 2025

Trump recibe a Mamdani; Sheinbaum evita a Alessandra

Trump recibe a Mamdani; Sheinbaum evita a Alessandra

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En Washington, el presidente estadounidense abrió diálogo con un opositor ideológico frontal contra el que hizo campaña de manera explícita. 

En México, la presidenta mantiene cerrada la puerta a la alcaldesa de Cuauhtémoc y a la Oposición legislativa. La civilidad política —el mínimo vital de una democracia— se examina en estos dos gestos.

Dos escenas recientes, una en la Casa Blanca y otra en Palacio Nacional, dejaron al descubierto la distancia entre dos formas de ejercer el poder. Donald Trump recibió a Zohran Mamdani, uno de sus críticos más severos. Claudia Sheinbaum no ha querido recibir a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, sede del Palacio Nacional, ni recibe a la Oposición legislativa. 

En política, las reuniones dicen tanto como los discursos. Y la diferencia entre una puerta abierta y una cerrada revela más que mil declaraciones. A México le urge abrir puertas. Le urge al país. 

En política, los gestos hablan antes que las palabras. Dos escenas recientes —una en Washington, otra en Ciudad de México— ilustran cómo dos gobiernos entienden de manera opuesta el ejercicio de la civilidad política, ese mínimo sin el cual la democracia se convierte en monólogo.

Imagen: CNN

La foto que sí ocurrió

En Estados Unidos, Donald Trump invitó a la Casa Blanca al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, un socialista declarado que construyó su carrera política confrontando al presidente. Trump lo ha calificado como extremista; Mamdani le ha devuelto las críticas con igual fuerza. La distancia ideológica entre ambos es inmensa. Aun así, Trump dio el paso que corresponde al jefe de Estado en un sistema plural: sentarse con quien piensa distinto. La reunión fue sobria, centrada en vivienda, seguridad y costo de vida. Trump ofreció apoyo federal; Mamdani reconoció el gesto institucional. El mensaje fue nítido: la pluralidad no impide el diálogo; lo demanda. México necesita aprender de este gesto. 

Imagen: Instagram

La reunión que no ha ocurrido

En México, ocurre lo contrario. Sheinbaum no ha querido reunirse con Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc. No la recibió antes; tampoco después. No hay señal de que piense hacerlo. Y el patrón se repite: la presidenta tampoco se ha reunido con la Oposición legislativa, pese a su peso representativo.

La negativa no depende de coyunturas: con o sin polémicas coyunturales, la puerta de Palacio Nacional permanece cerrada. Ese silencio institucional envía un mensaje claro: no habrá diálogo con quienes representan un proyecto distinto.

En un sistema democrático, esa postura no es menor. La investidura presidencial implica escuchar incluso —y sobre todo— a quienes no forman parte del proyecto oficial. Rehusarse a hacerlo mina la pluralidad y empobrece el funcionamiento del Estado. 

Dos escenas, un contraste

Las diferencias hablan solas:

Trump–Mamdani: choque ideológico profundo, pero encuentro institucional.

Sheinbaum–Alessandra: choque político sostenido, pero cerrazón total.

Paradójicamente, el conflicto en Estados Unidos es mucho más intenso. Trump y Mamdani representan polos opuestos en todo sentido. Y, sin embargo, Trump eligió la civilidad. En México, con un ambiente menos polarizado que ese, Sheinbaum ha elegido evitarla.

La civilidad política no es un adorno sino un mecanismo. Sin ella, los desacuerdos se vuelven trincheras; con ella, se convierten en acuerdos posibles. Cuando un gobierno se niega a recibir a funcionarios electos por otros sectores de la sociedad, les niega, de facto, el reconocimiento institucional a quienes los eligieron.

La reunión Trump–Mamdani no hace a Estados Unidos más plural por sí misma, pero sí envía una señal: la democracia funciona cuando los adversarios pueden sentarse a la misma mesa. En México, la ausencia de ese gesto señala un retroceso.

Los hechos son simples, pero contundentes: Trump recibió a Mamdani. Sheinbaum no quiere recibir a Alessandra. Y en esa diferencia, en esa foto que sí ocurrió y en esa foto que en México aún no existe, se define mucho del estado real de la civilidad política en dos democracias que hoy avanzan por caminos muy distintos.

Dato Desprotegido: la civilidad política. 
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19 noviembre 2025

1972 - "Echeverría o el fascismo"

“Echeverría o el fascismo”: la frase que dividió a los intelectuales mexicanos en 1972

En marzo de 1972, los lectores de Excélsior encontraron en la primera plana una frase que sonaba a ultimátum histórico: “Echeverría o el fascismo”. La sentencia no provenía de un político, sino de uno de los periodistas y formadores culturales más influyentes del país: Fernando Benítez, director de La Cultura en México y figura central de la vida intelectual desde los años cincuenta.

La frase, breve y contundente, encendió un debate que dividió al mundo cultural mexicano. 


Medio siglo después sigue siendo una de las consignas más polémicas del periodo, un recordatorio de la tensión entre poder e intelectuales durante uno de los sexenios más contradictorios del siglo XX.

1972: el país entre la herida del 68 y el miedo a la derecha

Para entender el impacto de aquella afirmación hay que volver al clima de los primeros años de Luis Echeverría Álvarez. El país aún cargaba la cicatriz abierta de Tlatelolco; la confianza en el régimen estaba dañada y la relación entre el gobierno y los intelectuales era tensa, por decir lo menos.

Echeverría, sin embargo, había iniciado una estrategia de reconciliación: un discurso más abierto a la crítica, políticas culturales expansivas y un acercamiento directo a escritores, periodistas y artistas. Su mensaje era claro: con él, habría espacio para la reforma. Con otros —decía— vendría la represión de la “derecha dura”.

En paralelo, México vivía una ola de radicalización. Grupos guerrilleros emergían en Guerrero y Monterrey; sectores conservadores pedían orden y mano dura; y los servicios de inteligencia hablaban de conspiraciones internacionales. Cada quien veía fantasmas distintos, pero muchos coincidían en que el país tenía los nervios expuestos.

La entrevista que encendió la mecha

Es en ese ambiente donde aparece la frase. El 12 de marzo de 1972, en una entrevista firmada por Raúl Torres Barrón, Benítez lanza el dilema: o se respalda el proyecto de Echeverría, o México se desliza hacia el fascismo. La entrevista ocupó espacio destacado y fue leída como una toma de posición contundente del influyente editor.

Para Benítez, el dilema no era retórico: veía en Echeverría la oportunidad de abrir un nuevo pacto entre Estado e intelectuales; del otro lado, imaginaba el avance de una derecha autoritaria dispuesta a borrar conquistas democráticas. Su frase buscaba empujar a los escritores a definirse.

Apenas unas semanas después, el 4 de abril, publicó el artículo “El intelectual ante el poder público”, también en la primera plana de Excélsior. Allí matizó y justificó la idea: según él, el papel del intelectual era acompañar al poder cuando éste abría rutas para la modernización.

La frase ya estaba en circulación, era polémica y tenía un autor claro. Y comenzaba a generar grietas.

¿Por qué la frase se pegó a Carlos Fuentes?

Aunque no fue suya, la frase terminó asociándose a Carlos Fuentes. Durante el sexenio, Fuentes defendió a Echeverría en varios foros y entrevistas. Al escritor le preocupaba que México virara hacia un militarismo conservador y veía en el presidente una oportunidad para evitar ese desenlace. En 1974 aceptó la embajada de México en Francia, un movimiento interpretado —justa o injustamente— como alineamiento político.

La cercanía entre Fuentes y el presidente reforzó la idea de que él compartía el dilema de Benítez, aunque su discurso era menos estridente. Ese vínculo también tensó su relación con otros intelectuales, principalmente Octavio Paz y Gabriel Zaid, quienes rechazaban cualquier idea de que el gobierno de Echeverría representara una “opción progresista”.

Con el tiempo, esta pugna se convirtió en un capítulo clásico de las fricciones entre cultura y poder.

Las reacciones: adhesiones, críticas y distancia

La frase tuvo eco inmediato. Algunos intelectuales la adoptaron: veían el peligro real de un país que podía inclinarse hacia una derecha represiva. Otros la consideraron una exageración ingenua. Y algunos más, como Paz, la leyeron como un síntoma de la cooptación del mundo cultural por parte del Estado.

En el fondo, la frase activó una discusión que llevaba años gestándose: ¿cuál era el papel del intelectual en un régimen priista que combinaba modernización, control político y represión? ¿Acompañar al Estado cuando parecía abrirse? ¿O mantener distancia crítica sin importar el costo?

“Echeverría o el fascismo” se convirtió, sin que Benítez lo previera, en un parteaguas simbólico: cada quien se veía obligado a ubicarse a un lado u otro.

Un lema que sobrevivió a su momento

En 1972 expresaba un temor verdadero para parte de la élite cultural: el miedo a un viraje autoritario en plena Guerra Fría y con un país fracturado por la violencia política.

Más allá de su tono, la frase revela cómo el Estado mexicano buscó legitimarse a través de la cultura, y cómo los intelectuales debatieron —a veces con pasión, a veces con severidad— su papel frente al poder.

Benítez difícilmente imaginó que aquella línea lanzada en una entrevista quedaría como una de las consignas más citadas, debatidas y cuestionadas de toda la época. 


Medio siglo después, sigue siendo una ventana privilegiada para entender el nervio político de un México que intentaba reinventarse, aunque no siempre supiera cómo.

Hoy, desde el Poder, sin ser explícitos, se repite discursivamente el dilema: "Claudia o el fascismo".

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Sus primeros presos políticos.

Sus primeros presos políticos.
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La detención de decenas de jóvenes durante y después de la marcha del 15 de noviembre —convocada principalmente por integrantes de la llamada “Generación Z”— abrió un debate que rebasa el análisis penal ordinario. 
Hoy, organizaciones civiles, litigantes, académicos y actores políticos discuten si estas personas deben ser consideradas presos políticos. 

A la luz de los hechos, el uso del derecho penal y la comparación con episodios previos de protesta social bajo la administración de la 4T, se pueden identificar elementos suficientes para sostener que sí existe una dimensión política en estas detenciones, particularmente por su carácter selectivo y por la severidad inédita de los cargos.

*Un cambio drástico en el tratamiento estatal de la protesta

Desde 2018, con el inicio del gobierno de López Obrador y la consolidación del proyecto de la 4T en la Ciudad de México, se registraron decenas de manifestaciones de muy diversa índole: feministas, normalistas, sindicatos, gremios urbanos, familiares de víctimas, colectivos estudiantiles y organizaciones docentes como la CNTE.

En la mayoría de esos casos, no se observó un uso intensivo del derecho penal. La CNTE, por ejemplo, bloqueó durante años accesos a San Lázaro, el Aeropuerto de Oaxaca, vías férreas en Michoacán y autopistas federales sin que sus integrantes enfrentaran imputaciones por delitos graves como tentativa de homicidio, robo calificado o lesiones dolosas agravadas.

El criterio gubernamental predominante fue entonces la contención, la negociación o —en momentos de tensión— el desalojo administrativo, pero no la judicialización severa. Esa conducta del Estado generó un parámetro: las protestas sociales tendían a abordarse como expresiones políticas, no como delitos. El 15 de noviembre esa lógica se rompió.

*Severidad penal sin precedentes

La Fiscalía capitalina imputó a varios manifestantes delitos graves, incluida tentativa de homicidio, robo, lesiones calificadas y pandillerismo. También se solicitaron y obtuvieron medidas cautelares de prisión preventiva, aun cuando los hechos acusados se desarrollaron en un contexto de protesta y confrontación con cuerpos policiales.

Esta reacción penal es inédita en la Ciudad de México desde 2018. La comparación histórica muestra que:

En protestas de la CNTE, incluso aquellas en las que hubo daños a inmuebles, quemas de mobiliario o enfrentamientos, no se formularon cargos de la misma magnitud.

En marchas feministas con intervención del “bloque negro” —donde se registraron destrozos significativos—, las detenciones generalmente derivaron en faltas administrativas o delitos menores, con liberación en horas o días, sin imputaciones que ameritaran prisión preventiva. En movilizaciones estudiantiles y urbanas, la criminalización penal fue excepcional.

Este contraste pone de manifiesto que el procesamiento del 15N no obedece solo a la naturaleza de los hechos, sino también a la identidad política de los manifestantes y al contexto en el que se expresaron: un movimiento juvenil crítico del gobierno federal y de la administración capitalina.

*La selectividad como indicador de motivación política

Una detención se considera política no solo cuando el detenido es opositor, sino cuando el Estado utiliza selectivamente el derecho penal para inhibir una manifestación política o castigar la disidencia.

Existen varios elementos que apuntan a ello:

1. Diferencia con el tratamiento previo de protestas afines al gobierno.- La CNTE, históricamente cercana a ciertos sectores de la izquierda gobernante, gozó de una tolerancia que hoy contrasta con la respuesta contra jóvenes críticos del régimen. La selectividad es evidente: antes no se procedía, ahora sí.

2. Sobrerreacción penal frente a actos que en otros contextos no se calificaban con la misma severidad.- La imputación de tentativa de homicidio en el marco de choques con policías es extraordinaria y sugiere la intención de enviar un mensaje político de disuasión.

3. Estigmatización pública previa a la judicialización.- Autoridades federales y capitalinas declararon, antes de concluir las investigaciones, que la marcha había sido “infiltrada”, “financiada” o “manipulada” por grupos opositores. Este discurso suele anticipar procesos penales orientados por una lectura política del evento.

4. Intervención de organizaciones civiles, litigantes y observadores que reportan inconsistencias.- Diversos colectivos de derechos humanos han advertido detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y fabricación de delitos. Estas irregularidades refuerzan el argumento de que el objetivo no fue estrictamente judicial, sino político.

La protesta social como Dato Desprotegido.

El derecho internacional, incluido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, establece que la protesta social goza de protección reforzada por su vínculo con la libertad de expresión, asociación y participación democrática.
Cuando el Estado responde a una manifestación política con el uso desproporcionado del derecho penal, se activa un examen estricto: ¿la finalidad es legítima, o el objetivo real es intimidar, castigar o silenciar una expresión política?

En el caso del 15N, la respuesta estatal tiene características que exceden la protección del orden público y se aproximan más a la contención coercitiva de un movimiento crítico, especialmente por el uso de figuras penales graves y la retención de manifestantes como medida ejemplarizante.

*¿Presos políticos? La respuesta jurídica y política

Con base en criterios ampliamente reconocidos —por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Amnistía Internacional y diversas organizaciones de derechos humanos—, una persona puede ser considerada presa política cuando:

1. Su detención está motivada por su actividad política o su participación en una manifestación de ese carácter.

2. Los cargos son desproporcionados o fabricados.

3. El proceso penal tiene irregularidades que sugieren persecución política.

4. Existe selectividad en el uso del derecho penal frente a situaciones similares.

Los detenidos del 15N cumplen, al menos en parte, todos estos elementos.

*Conclusión

El Estado mexicano parece haber roto, con las detenciones del 15 de noviembre, el patrón de contención y negociación que caracterizó sus primeros años frente a protestas sociales. Lo que antes con la CNTE, colectivos feministas o movimientos urbanos se resolvía sin judicialización grave, ahora se ha traducido en imputaciones severas, prisiones preventivas y narrativas oficiales que buscan deslegitimar un movimiento político juvenil.

La combinación de severidad inédita, selectividad evidente y marco político opositor permite concluir que varios de los detenidos del 15N pueden ser considerados, con fundamento, presos políticos. No por su ideología, sino porque el Estado ha utilizado el derecho penal para enviar un mensaje directo: la disidencia juvenil, hoy, se persigue de un modo que antes no se veía.

Dato desprotegido: la libertad de manifestación. 
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"Claudia o el fascismo"

"Claudia o el fascismo"
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Lo de ayer, 1972, es lo de hoy. Por décadas creímos que el discurso político mexicano había dejado atrás sus fantasmas más ruidosos. 

Palabras como “fascismo”, que alguna vez sirvieron para apuntalar al poder, parecían destinadas a las notas al pie del echeverrismo, ese periodo en el que la retórica progresista convivía con una maquinaria estatal que reprimía, asimilaba o neutralizaba a quien osara quitarle al presidente la última palabra. Sin embargo, la historia insiste en recordarnos que ciertos reflejos nunca mueren: solo duermen. Y cuando el clima político se vuelve propicio, reaparecen.
En semanas recientes, figuras centrales del oficialismo —el senador Adán Augusto López Hernández y el diputado Ricardo Monreal Ávila entre ellos— han recurrido a un vocabulario que muchos creíamos jubilado. Acusar de “fascistas” a opositores, medios críticos o voces disidentes se ha vuelto un recurso rápido, eficaz en lo inmediato y empobrecedor a largo plazo. 

No sorprende que lo utilicen políticos que conocen bien las reglas del juego, pero sí llama la atención la facilidad con la que este lenguaje se desliza nuevamente hacia el centro del debate público.

Ese contraste vuelve más evidente la paradoja: mientras la titular del Ejecutivo debería enviar señales de institucionalidad, algunos de sus aliados usan un lenguaje propio de otros tiempos. ¿Iniciativa personal? ¿Celosa defensa del proyecto? ¿Recurso de cálculo interno? Quizá un poco de todo.

Lo cierto es que la escena remite, inevitablemente, a los años setenta. Aquel momento en el que el presidente Luis Echeverría Álvarez, enfrentado a la desconfianza de sectores empresariales, estudiantiles e intelectuales, decidió que el país debía elegir entre él y un enemigo absoluto: el “fascismo”. 

La frase cobró forma en labios de dos figuras prominentes de la cultura mexicana: Fernando Benítez y Carlos Fuentes, quienes advirtieron públicamente que, si el proyecto echeverrista fracasaba, el país caería en manos fascistas. Era una defensa sincera, pero también temerosa: para muchos intelectuales, apoyar al gobierno era apostar por el “mal menor”.

El problema fue que ese dilema no era real. En un país sin partidos fascistas organizados y con una derecha diversa pero institucional, la palabra funcionó como lo que era: un arma retórica destinada a cerrar filas y descalificar a quien cuestionara al presidente. No se trataba de describir un fenómeno ideológico, sino de delimitar un campo moral. O estabas con el presidente, o estabas con los fascistas. O eras parte del proyecto, o del peligro.

Esa misma lógica reaparece ahora, aunque bajo condiciones muy distintas. En lo politico México de 2025 es el México de 1973. Hoy no hay un presidencialismo omnipotente o un sistema de partido (casi) único pero todo indica vamos hacia allá. 

La prensa, aunque bajo tensiones, opera con mayor libertad que en el pasado. Y la oposición, con todas sus limitaciones, es plural. Lo paradójico es que, pese a esos cambios estructurales, la tentación de simplificar la política mediante dicotomías se mantiene intacta.

Decir que un adversario político es “fascista” es, en el México actual, una forma de saltarse el debate. Es convertir en amenaza absoluta lo que, en la realidad, suele ser un desacuerdo más prosaico: propuestas distintas, críticas al desempeño gubernamental, diferencias estratégicas o pugnas internas dentro del propio movimiento gobernante. Al etiquetar como “fascista” al que cuestiona, se le retira legitimidad de origen; se le coloca fuera del marco democrático. La discusión deja de ser sobre ideas y se vuelve sobre identidades: “ellos” y “nosotros”.

Ese tipo de discurso no solo empobrece la política; también distorsiona la historia. El fascismo es un fenómeno perfectamente definido: un proyecto totalitario, expansionista, antipluralista y basado en la violencia como principio organizador del Estado. Tomar ese término y aplicarlo a opositores institucionales —por más estridentes o conservadores que sean— solo contribuye a diluir su significado. Y cuando una palabra pierde significado, también pierde la capacidad de nombrar aquello que realmente deberíamos temer.

Aquí es donde la comparación con el echeverrismo cobra peso. En los setenta, el uso del término “fascismo” ocultó contradicciones profundas del régimen. Presentar al presidente como muralla moral permitía ignorar otras verdades incómodas: la represión del 10 de junio, el espionaje sistemático, la censura encubierta, la persecución a movimientos sociales. 

Hoy no vivimos en un entorno comparable pero hay equivalencias. Esto implica que la retórica polarización tiene consecuencias. Cuando se normaliza el lenguaje extremo, los matices desaparecen, y con ellos la posibilidad de crítica razonada.

También vale preguntarse qué revela esta coincidencia histórica. ¿Por qué el poder recurre al mismo repertorio que hace medio siglo? Una respuesta posible es la precariedad del consenso. Echeverría necesitaba forjar legitimidad después de 1968 y 1971; hoy, ciertos actores dentro del oficialismo sienten que deben blindar a la presidenta ante cuestionamientos internos o externos. 

En ambos casos, se recurre al dilema moral porque es más sencillo que sostener un diálogo plural. Funciona como una especie de “reflejo presidencialista”: cuando se percibe amenaza, se invoca al fascismo.

Sheinbaum ha mostrado también un talante propenso a la polarización. Lo que en los setenta emanaba desde la cúspide del poder, ahora tiene el mismo origen. Eso agrava el fenómeno; la agrava, porque indica que parte del movimiento gobernante confunde lealtad con linchamiento discursivo.

Los paralelismos, entonces, equiparan contextos, señalan una constante: en México, cada vez que el poder se siente interpelado, resucita vocabularios destinados a cerrar el debate. Y cuando eso ocurre, la historia —que no se repite, pero sí rima— nos recuerda que la democracia no solo se erosiona con leyes, sino también con palabras.

La lección es sencilla, aunque cuesta asumirla: si llamamos “fascista” a todo lo que nos incomoda, el día que enfrentemos algo realmente cercano a ese fenómeno careceremos del lenguaje para advertirlo. Quizá por eso conviene mirar hacia los setenta no para repetir sus dilemas, sino para evitar sus errores. Porque si la historia tiene un sentido, es el de advertirnos cuando el discurso empieza a sonar demasiado familiar.
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[WVM]

09 noviembre 2025

Las consultas nacionales.

Las consultas nacionales.

Texto explicativo que reúne y contextualiza cada ejercicio nacional desde la cancelación de Texcoco hasta la elección judicial, con los porcentajes de participación reportados y las fuentes principales.

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1) Consulta sobre el Nuevo Aeropuerto (Texcoco / Santa Lucía), 25–28 de octubre de 2018
Ese ejercicio fue una votación organizada por el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador (con apoyo técnico de la Fundación Rosenblueth), no un mecanismo regulado por la Ley Federal de Consulta Popular ni por el INE. Se realizó a nivel nacional como una consulta de opinión sobre si continuar la obra en Texcoco o rehabilitar y ampliar aeropuertos existentes (incluida Santa Lucía). Las cifras de participación reportadas por diferentes conteos y reseñas periodísticas sitúan el total de participantes en torno a 1.1 a 1.2 millones de personas, lo que equivale aproximadamente al 1.05–1.22% del padrón electoral (es decir, una participación muy baja respecto de una elección formal). Este carácter extra-institucional explica también las dudas sobre su validez jurídica y metodología. (Latinno)

2) Consulta sobre “10 programas prioritarios” (noviembre de 2018)
Pocos días después de la consulta del aeropuerto, el equipo de transición organizó otro ejercicio —también fuera del marco del INE— para preguntar sobre prioridades de política pública (los llamados 10 programas). Este ejercicio tuvo una participación igualmente reducida: rondó el millón de personas y se reportó como alrededor del 1.05% del padrón en los resúmenes periodísticos y reportes sobre las votaciones de 2018. Al igual que la consulta de Texcoco, fue operativo-informal y su impacto jurídico fue limitado. (Latinno)

3) Consulta Popular nacional (1 de agosto de 2021)

Esta fue la primera consulta organizada conforme a la Ley Federal de Consulta Popular y bajo la conducción del INE. La pregunta estatal/nacional buscó recabar la opinión sobre la investigación y eventual enjuiciamiento de hechos del pasado (resumen ampliamente conocido como la “consulta para enjuiciar a expresidentes”). El INE informó que participaron aproximadamente 6.5 millones de personas, lo que representa un 7.11% del padrón; la opción mayoritaria fue el “Sí”, pero el ejercicio no alcanzó los umbrales para efectos vinculantes. Los cómputos y la declaratoria final fueron oficiales del INE. (Central Electoral)

4) Revocación de mandato (10 de abril de 2022)
Proceso regulado por la ley y organizado por el INE para medir si la ciudadanía ratificaba o revocaba la gestión del presidente en funciones. La participación registrada en los cómputos y en los informes institucionales fue de aproximadamente 17.5–17.7% del padrón (≈16.5 millones de votos), con un respaldo mayoritario de quienes acudieron a la urna por la permanencia del presidente; no alcanzó el umbral del 40% para efectos adicionales exigidos por la normativa. Hubo controversia pública sobre recursos y número de casillas instaladas, y tanto el INE como el Ejecutivo intervinieron en el debate sobre las condiciones del proceso. (Instituto Nacional Electoral)

5) Elección Judicial (Proceso Electoral Extraordinario para cargos del Poder Judicial), 1 de junio de 2025
Este fue el primer proceso de elección directa de altos cargos judiciales en la historia moderna de México, organizado por el INE (y con coordinación estatal en las entidades implicadas). La participación ciudadana estimada por el INE y reportada por medios fue de entre 12.57% y 13.32% del padrón (aprox. 13 millones de votantes). El ejercicio fue inédito y generó tensiones políticas (rechazo y llamados al boicot por parte de la oposición, defensa del gobierno y discusión sobre legitimidad y riesgos de politización). La cifra que el INE dio inicialmente corresponde a una estimación basada en muestreo de casillas y los primeros cómputos distritales. (El Economista)


Contexto y claves interpretativas:

  1. Diferente naturaleza institucional: los ejercicios de 2018 fueron promovidos por el equipo de transición y no por el INE; en contraste, 2021, 2022 y 2025 fueron procesos organizados y/o validados por el INE bajo marcos legales distintos. Esto cambia la cobertura geográfica, el control de calidad, la logística de casillas y la forma de calcular participación. (Latinno)

  2. Cortes temporales y metodología de cálculo: en la elección judicial (2025) el INE presentó una estimación de participación basada en un diseño de muestreo (muestra de casillas seccionales), por lo que el rango 12.57–13.32% es un intervalo informativo temprano; en revocación (2022) e consulta popular (2021) la cifra proviene de cómputos totales. Las diferencias metodológicas complican comparaciones directas. (Instituto Nacional Electoral)

  3. Fragmentación de los datos locales: si lo que buscas es un desglose exhaustivo —por asamblea indígena, por municipio en el caso del Istmo o por cada casilla/localidad donde se hizo una consulta— esos registros existen (actas, protocolos y reportes locales) pero están dispersos; cada acta asamblea del INPI/FONATUR o cada informe municipal contiene la cifra de asistentes y acuerdos alcanzados. Para obtener porcentajes locales comparables al padrón tendríamos que cruzar cada acta con la lista nominal municipal/estatal correspondiente. Ejemplos de actas y protocolos están disponibles en los portales del INPI y en los repositorios del propio proyecto Tren Maya. (INPI)


Conclusión resumida (lo esencial que dicen las cifras):

  • Los ejercicios promovidos por el gobierno en 2018 tuvieron participación muy baja (≈1% del padrón) y no fueron organizados por INE. (Latinno)

  • Las consultas organizadas por el INE dieron cifras más comparables: Consulta Popular 2021 ≈ 7.11%, Revocación 2022 ≈ 17.5–17.7%. (Central Electoral)

  • La Elección Judicial 2025 registró una participación estimada por el INE en 12.57–13.32% y marcó un precedente institucional y político (alto debate público sobre legitimidad). (El Economista)


(IA)


03 noviembre 2025

Evolución de encuestas de aprobación presidencial.

Evolución de la aprobación presidencial.- 

📊 Evolución de Aprobación de Sheinbaum (Encuestas El Financiero)

La aprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado una tendencia general alta, aunque con algunas fluctuaciones después de un máximo inicial.

| Mes/Momento de Medición | Aprobación (%) | Variación Notada |
|---|---|---|
| Febrero de 2025 | 85% | Nivel más alto registrado en el estudio (récord en 30 años, según el medio). |
| Marzo de 2025 | 83% | Baja 2 puntos, considerada dentro del margen de error. |
| Mayo de 2025 | 77% | Se mantiene positiva, pero cae 4 puntos respecto al mes anterior (no disponible el dato de abril). |
| Julio de 2025 | 75% | Muestra una tendencia de descenso desde su máximo. |
| Agosto de 2025 | 74% | Se mantuvo en este nivel para su Primer Informe de Gobierno (reducción de 11 puntos desde febrero). |
| Septiembre de 2025 | 73% | Al cumplir su primer año en el cargo. |
| Octubre de 2025 | 70% | Medición durante el mes de las inundaciones (último dato disponible). |

🔎 Puntos Clave Adicionales:
 * Pico Máximo: El nivel más alto de aprobación reportado fue del 85% en febrero de 2025, en los primeros meses de su administración.
 * Primer Año: Al cumplir un año de gobierno (septiembre 2025), su aprobación se ubicó en 73%.
 * Último Dato: El dato más reciente (octubre 2025) registra una aprobación del 70%.
 * Factores de Descenso: Se ha señalado una tendencia a la baja en la aprobación de ciertos atributos y temas (como la capacidad para dar resultados o el combate al crimen), sugiriendo que la "luna de miel" inicial podría estar agotándose.
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Polls of Polls - PollsMx-

PollsMx_, es un agregador de encuestas (un "Poll of Polls") que recopila y promedia los resultados de diversas casas encuestadoras como Enkoll, Mitofsky, El Financiero, entre otras.

Dado que PollsMx_ es un concentrador y no una encuestadora individual, te proporciono la evolución de la aprobación de la Presidenta Sheinbaum basándome en los resultados reportados por algunas de las encuestadoras más citadas en las recopilaciones (como Enkoll, que suele tener números altos, y Mitofsky), ya que estos datos son los que alimentan la métrica de PollsMx_.

📈 Evolución de Aprobación de Sheinbaum (Según Casas Encuestadoras Clave).
La aprobación ha mantenido un nivel generalmente alto y estable en el primer año de gobierno, aunque con una ligera caída desde el pico máximo, especialmente en las mediciones de Enkoll (que es una de las fuentes más recurrentes con cifras elevadas).
1. Primeros Meses (Diciembre 2024 - Mayo 2025):
 * 100 Días de Gobierno (Enero 2025):
   * Enkoll/El País: Reportó un 80% de aprobación.
   * Otras encuestadoras (como Mitofsky) se situaron en rangos más bajos (ej. 64%), pero en general, el consenso mostró un arranque muy sólido, similar al de su antecesor.
 * Febrero 2025 (Pico): Algunas encuestadoras (como El Financiero) registraron su pico máximo de aprobación, llegando al 85%.
 * Mayo 2025: Encuestas como la de Enkoll reportaron una aprobación del 83%.
2. Medio Año - Primer Año de Gobierno (Junio - Octubre 2025):
 * Junio 2025: Consulta Mitofsky reportó una aprobación del 70.1%, mostrando estabilidad en ese nivel por varios meses.
 * Agosto/Septiembre 2025 (Primer Informe):
   * La tendencia general mostró que la aprobación se había estabilizado en un rango alto.
   * Encuestas de Enkoll previas al Primer Informe de Gobierno (Septiembre) indicaban que la Presidenta llegaba con una aprobación alta y con la percepción de que había superado, al menos en su primer año, el nivel de aprobación que tuvo el expresidente AMLO en el mismo periodo.
 * Octubre 2025 (Primer Aniversario):
   * Enkoll/El País: Reportó que la aprobación se mantenía en el 78%.
   * Las encuestas destacaron que este nivel de aprobación, después de un año de gobierno, superó el 72% de aprobación que tuvo López Obrador en su primer aniversario, indicando una popularidad muy robusta.

📊 Tendencia General Observada (Basada en las fuentes del Poll of Polls).
| Momento de Medición | Aprobación (%) | Fuente de Referencia Común |
| Arranque (Dic. 2024) | 76% (Aprox.) | Varias fuentes (Ej. Enkoll) |
| Pico (Feb. 2025) | 85% | El Financiero |
| Primer Aniversario (Oct. 2025) | 78% | Enkoll / El País |
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Conclusión: La tendencia general para la Presidenta Sheinbaum, en su primer año de gobierno según las encuestas que alimentan al Polls of Polls, es de estabilidad en un nivel de aprobación muy alto (entre 70% y 80%), con un ligero descenso desde el pico de la "luna de miel" inicial, pero manteniendo cifras notablemente sólidas.

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[IA]


02 noviembre 2025

Democracia Bárbara, de J. Revueltas, 1958.

Lo de ayer es lo de hoy: 1958 = 2024 = 2027 = 2030. 

México: Democracia Bárbara. 
Posibilidades y Limitaciones del Mexicano.
1958

1. "México: Una Democracia Bárbara"

 * Crítica al Sistema Político: Revueltas realiza un análisis descarnado y marxista del sistema político mexicano, especialmente en el contexto de la sucesión presidencial de 1958 (cuando se publicó originalmente el ensayo principal).

 * El "Tapadismo": Critica fuertemente la naturaleza antidemocrática y la simulación del proceso electoral, donde el verdadero poder residía en el partido hegemónico (el PRI) y la figura del presidente, haciendo que la democracia fuera solo una "grotesca actuación" o una formalidad vacía.

 * La Ideología del Estado: Denuncia cómo la ideología revolucionaria oficial se había convertido en un mecanismo de control total y manipulación de las relaciones sociales por parte del Estado.


2. "Posibilidades y Limitaciones del Mexicano"
 
* El Debate de la "Mexicanidad": Este ensayo es la contribución de Revueltas al amplio debate filosófico y cultural sobre el "ser nacional" o la "mexicanidad" que se dio en México en la década de 1940 y 1950, con figuras como Samuel Ramos y Octavio Paz.

 * Visión Materialista: A diferencia de otros autores que se centraban en la psicología o el "resentimiento", Revueltas analiza el ser nacional desde la perspectiva del materialismo histórico y la lucha de clases.

 * Origen de la Nacionalidad: Explica que la nacionalidad mexicana no surge de una esencia prehispánica, sino de las condiciones históricas adversas tras la Independencia y la opresión.

 * Dialéctica y Antinomia: Revueltas busca entender las "posibilidades y limitaciones" del mexicano a través del desarrollo de su ser nacional, considerando las contradicciones internas (antinomias) que obstaculizan su plena realización.

🌟 Importancia de José Revueltas
Revueltas (1914-1976) fue un escritor, ensayista y activista político fundamental en México. Su obra se caracteriza por una crítica radical y una profunda visión de la realidad social:

 * Vínculo entre Obra y Militancia: Su análisis histórico y político está íntimamente ligado a su vida como militante comunista y revolucionario, lo que le da una perspectiva única y combativa.

 * Crítico de la Izquierda: Fue especialmente crítico con figuras como Vicente Lombardo Toledano y la política del Partido Comunista Mexicano de la época (el llamado "lombardismo" o "browderismo"), a quienes acusaba de no lograr la verdadera independencia de clase del proletariado. El libro incluye varios de estos escritos críticos.

En resumen, este libro es una obra maestra de la crítica política mexicana, que combina el análisis de la superestructura estatal y electoral (la "democracia bárbara") con un profundo examen de las bases sociales e históricas que configuran la identidad nacional (las "posibilidades y limitaciones del mexicano").

Dato Desprotegido: la democracia (sin adjetivos). 
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México Futuro, de Salvador Borrego, 1972.

🧐 Análisis del Libro "México Futuro" de Salvador Borrego.- 

El libro "México Futuro" de Salvador Borrego Escalante es una obra que se enmarca dentro de la historiografía conservadora y de extrema derecha en México.
A continuación, un análisis de sus principales características, temas y la recepción que ha tenido:


📝 Autor y Contexto Ideológico
 * Autor: Salvador Borrego Escalante (1915-2018), periodista y escritor mexicano.
 * Corriente Ideológica: Borrego es conocido por su postura anticomunista y, en particular, por su afinidad con ideas cercanas al nacionalsocialismo (nazismo) y su fuerte antisemitismo. 

Sus textos, incluyendo obras como Derrota Mundial, han sido fuertemente criticados por promover el negacionismo del Holocausto y teorías de conspiración.

 * Recepción: Sus libros son populares en ciertos círculos de la derecha mexicana y han sido muy polémicos, siendo a menudo calificados como apología del fascismo.

📚 Temas Centrales de "México Futuro"
La primera edición de "México Futuro" fue publicada en 1972. De acuerdo con las descripciones de su contenido y la línea editorial del autor, el libro aborda los siguientes temas:
 
* La Revolución Mexicana como Engaño: Borrego argumenta que la Revolución Mexicana fue un proceso manipulado para acelerar la marcha hacia una supuesta "Revolución Mundial" de tintes comunistas o globalistas.
 
* Crítica al Movimiento Estudiantil de 1968: El autor denuncia el movimiento violento de 1968 como un "chantaje" con fines subversivos, utilizado para acelerar la agenda de la "Revolución Mundial" y el comunismo.
 
* Pérdida de Soberanía: Expresa una profunda preocupación por la pérdida progresiva de soberanía de México, atribuida a la influencia de potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos ("Wall Street"), y poderes que él identifica como "magnates" o "capitales judíos internacionales".

 * Estatización y Corrupción: Critica el proceso de estatización de empresas y el alto costo económico que esto ha supuesto, así como la corrupción generalizada de la clase política mexicana (PRI y PAN, a quienes a menudo veía como la misma cosa).

 * Advertencia de Futuro: El libro es, en esencia, una advertencia pesimista sobre el futuro de México, prediciendo un deterioro acelerado en la economía, la deuda, la educación (que considera cada vez más "marxista") y la soberanía nacional, a causa de la supuesta conspiración internacional.

🌟 Consideraciones al Leer la Obra
Es importante abordar la lectura de este libro con una perspectiva crítica, teniendo en cuenta que:

 * Es una Fuente No Académica: La obra pertenece a un género de ensayo político-histórico con una clara carga ideológica y de denuncia, no a la historiografía académica neutral.

 * Teorías de Conspiración: Gran parte de su análisis se basa en la idea de una "conspiración judeo-masónico-comunista" global, que según el autor, está detrás de los problemas de México y del mundo. Estas teorías son rechazadas por la mayoría de los historiadores y politólogos.

 * Sesgo Antisemita: La obra debe entenderse en el contexto del fuerte antijudaísmo y la simpatía por el nacionalsocialismo que caracterizaron la producción de Borrego, donde el "capital judío" o el "sionismo" son presentados como los principales enemigos de México.

En resumen, "México Futuro" es una pieza clave para entender el pensamiento de la extrema derecha conservadora en México durante la segunda mitad del siglo XX y su interpretación de la historia nacional como un proceso de traición y sometimiento a fuerzas externas y secretas.
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