::: Porfirio Díaz, PRI y PAN, y Morena, funcionan igual.
La transición de Procuraduría a Fiscalía prometió en 2014 la despolitización de la justicia penal en México. Una década después, tanto a nivel federal como en estados clave como Veracruz, el balance es demoledor: la injerencia del Poder Ejecutivo se mantiene intacta.
La autonomía es hoy un concepto puramente formal, desmantelado en la práctica por los mecanismos de designación y los ajustes legislativos a la medida del poder en turno.
La Autonomía como Espejismo Constitucional
El proceso político y legislativo que condujo al nacimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), establecido en la Reforma Constitucional de 2014, tenía un objetivo claro: garantizar la autonomía funcional del Ministerio Público Federal. Se buscaba poner fin a la figura de la Procuraduría General de la República (PGR), históricamente subordinada a las órdenes y conveniencias del Presidente de la República.
Para ello, el Artículo 102 constitucional estableció blindajes como el mandato de nueve años para el Fiscal, que debía trascender el sexenio presidencial, y la aprobación por mayoría calificada del Senado.
Sin embargo, estas garantías han sido sistemáticamente burladas por la praxis política.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a la Presidencia prometiendo una transformación profunda del país, defendió la nueva figura como un triunfo de la autonomía.
No obstante, su gobierno impulsó la designación del Doctor Alejandro Gertz Manero, quien inició su periodo de nueve años en 2019, pero cuya lealtad y cercanía al Ejecutivo Federal fue desde el inicio el principal foco de crítica sobre la independencia de la institución.
Más recientemente, la "renuncia" de Gertz Manero y la propuesta de designación de Ernestina Godoy —con una trayectoria política ligada al actual movimiento gobernante— como candidata potencial para la FGR (tras su paso por la Fiscalía de la Ciudad de México), confirman que la lealtad política ha sustituido a la independencia institucional.
La FGR tiene la autonomía orgánica (es una institución separada), pero carece de autonomía funcional (no actúa con independencia de criterios políticos), lo que nos regresa al mismo punto de partida que con la antigua PGR. Estamos igual o peor, peor por la simulación.
El Talón de Aquiles: Designación y Mandatos Acortados
El principal defecto de la autonomía radica en que el Ejecutivo, al proponer a personas con historial político muy allegado, neutraliza el blindaje. La crítica fundamental es que, si el Fiscal es un incondicional, la objetividad institucional se derrumba.
El caso de Alejandro Gertz Manero es un ejemplo perfecto de cómo se anula el propósito de la temporalidad. Su mandato, que debía extenderse hasta 2028, se vio abruptamente acortado, dando paso a una nueva terna que consolida la influencia del Ejecutivo en el cargo. La duración de nueve años, concebida para desfasar la Fiscalía del ciclo político, se vuelve irrelevante ante la presión o las "renuncias" pactadas.
La Metástasis a Nivel Estatal: El Caso de Veracruz
El fenómeno se replica y se agrava en las entidades federativas, donde el poder político ha sido incluso más explícito en desmantelar la autonomía. El caso de Veracruz es ejemplo.
Tras la gestión de Luis Ángel Bravo Contreras, la Fiscalía de Veracruz se convirtió en el blanco de reformas que consolidaron el control del Ejecutivo estatal. La actual titular, Verónica Hernández Giadáns, asumió el cargo tras un polémico proceso y es señalada por su cercanía al gobierno estatal en turno, habiendo fungido previamente como directora jurídica de la Secretaría de Gobierno.
El golpe final a la autonomía de la Fiscalía de Veracruz no fue la designación, sino el acortamiento legal del mandato. Recientemente, el Congreso local modificó la ley para reducir la duración del cargo de Fiscal de nueve a cuatro años, regresando la facultad de designación al Poder Ejecutivo Estatal y alineando su permanencia con el ciclo del Gobernador en turno, cada uno de los cuales quiere su fiscal a modo.
Este ajuste legislativo es un acto de disciplinamiento político. Al someter al Fiscal a un periodo corto y a la posibilidad de ratificación, se crea una palanca de presión para que el titular evite investigar a los actos de corrupción o las violaciones de derechos humanos que involucren al gobierno en turno.
El proceso de transformación de Procuraduría a Fiscalía, impulsado con grandes esperanzas de justicia y rendición de cuentas, ha culminado en una autonomía de papel gracias a Morena que festejó la autonomía y ahora la aniquila.
Los mecanismos de control político han demostrado ser más fuertes que los blindajes constitucionales. La duración teórica de nueve años se anula mediante la designación de incondicionales dispuestos a renunciar cuando el ciclo político lo exija (como el caso de Gertz Manero), o se anula legalmente en los estados (como en Veracruz) mediante reformas oportunistas.
Mientras la designación de figuras clave como Alejandro Gertz y la presión para colocar a perfiles como Ernestina Godoy en la FGR sean la norma, y las fiscalías estatales como la de Verónica Hernández Giadáns estén sujetas a mandatos truncados por el Congreso.
Sometidos al Ejecutivo la Fiscalía y el Poder Judicial, como cuando el PRI o Porfirio Díaz, la autonomía seguirá siendo una farsa jurídica y la justicia penal continuará siendo una herramienta política al servicio del poder, justo como cuando la Procuraduría no era autónoma.
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