Lo de ayer es lo de hoy. Es la tesis de este blog.
En México, cada intento de modificar la arquitectura del Poder Judicial despierta un viejo fantasma: la tensión entre la legitimidad democrática y la tentación de someter al árbitro constitucional.
Hoy, con la reforma impulsada por el gobierno de Sheinbaum —que incluye la sustitución total de ministros y la elección popular de jueces— es inevitable mirar hacia atrás. Y en ese recorrido histórico, un caso comparable es el de Lázaro Cárdenas.
Durante décadas, el episodio cardenista de 1934–1935 se leyó como la expresión de un proyecto transformador que debía remover inercias porfiristas y callistas. Sin embargo, también fue una intervención directa para reconfigurar la Suprema Corte de Justicia, con efectos como los buscados hoy.
Tras romper con el expresidente masón Plutarco Elías Calles, el masón Cárdenas se enfrentó a una Corte que reflejaba todavía la composición política de los años previos. No hubo una sustitución jurídica “total” como la que propone la reforma morenista, pero sí se produjo una reconstrucción la SCJN.
Lo documentado por historiadores del periodo y por especialistas muestra:
El Congreso cardenista modificó la estructura de la Corte, redujo su integración y redefinió sus alcances.
Hubo presiones políticas para acelerar renuncias y facilitar la llegada de perfiles afines al proyecto de la “revolución institucionalizada”.
La reforma judicial de 1935 fortaleció al Ejecutivo en detrimento de los contrapesos, en un momento en que el país apostaba a un presidencialismo robusto como solución al caos posrevolucionario.
El mensaje político fue claro: el nuevo régimen necesitaba una Corte alineada —o al menos no hostil— al proceso de transformación (la 3a Transformación). Amlo vio lo mismo para su 4a Transformación.
90 años después: Morena refunda su propio Poder Judicial alineado.
La propuesta de reforma judicial del actual gobierno —elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros; desaparición de la SCJN actual; creación de un Tribunal Constitucional; sustitución total de la integración— se plantea como un viraje histórico.
Los objetivos declarados:
combatir la corrupción,
democratizar la justicia,
y romper las élites corporativas que han controlado la judicatura.
Pero más allá de las intenciones, el efecto institucional es claro: un rediseño completo del sistema judicial y la salida inmediata de quienes hoy integran la Corte.
Si en el sexenio cardenista se modificó la Corte para consolidar un proyecto político emergente, el actual proceso busca rehacer la función judicial desde cero. En el fondo es lo mismo.
Es otro camino, pero la consecuencia es igual: la Corte no se quiere como contrapeso autónomo. Se necesita como pieza de un rediseño político estructural, impulsado desde el bloque gobernante que dijo sería distinto.
Hay paralelismos inevitables.
Sin importar los procedimientos—presiones políticas y reformas orgánicas en 1935; sustitución constitucional total en 2025-, ambos momentos comparten elementos:
1. El origen político de la intervención
Tanto Cárdenas como Morena impulsan cambios judiciales en el contexto de proyectos políticos de amplia legitimidad electoral y con pretensión transformadora. En ambos casos, la Corte es vista como un freno.
2. El uso del Congreso como brazo ejecutor
Las modificaciones fueron impulsadas con apoyo legislativo sólido, lo que facilitó reformas profundas sin necesidad de rupturas extralegales.
3. La justificación moral del cambio
Cárdenas argumentó estancamiento y connivencia conservadora. Lo mismo Amlo.
Sheinbaum argumenta corrupción y opacidad.
En los discursos, la Corte es presentada como un obstáculo ético.
4. La recomposición total o parcial de perfiles
Aunque el método varía, el resultado es similar: una Corte reemplazada o rediseñada para ajustarse al nuevo horizonte político.
Cárdenas actuó en un sistema parcialmente autoritario en construcción, donde el presidencialismo fuerte era un consenso emergente.
Sheinbaum actúa en un régimen constitucional consolidado, donde la independencia judicial es un estándar democrático contemporáneo. Y también hay un presidencialismo fuerte. Como siempre. Son paralelismos indudables.
Cárdenas eliminó la Corte tal como existía. Amlo/Sheinbaum hicieron igual. La reforma actual plantea su disolución y reconstrucción completa.
Sin embargo, estas diferencias no eliminan el eco común: el Poder Ejecutivo impulsa una transformación integral del Poder Judicial en momentos de hegemonía política.
El paralelismo histórico obliga a una mirada crítica. Las reformas judiciales profundas pueden ser legítimas, necesarias o incluso urgentes. Pero cuando las dos “refundaciones” judiciales más importantes del México moderno coinciden en que el Ejecutivo emerge fortalecido mientras la Corte queda debilitada, la pregunta inevitable es: ¿Hasta qué punto la fuerza electoral debe permitir al gobierno redibujar los contrapesos constitucionales?
La historia demuestra que estas decisiones marcan generaciones. La Corte cardenista acompañó el nacimiento del presidencialismo hegemónico que duró más de medio siglo. La nueva Corte —o Tribunal Constitucional— que surja tras la reforma actual determinará la forma del Estado mexicano por décadas, pero en el exceso está la debilidad.
Lo que está en juego no es solo un ajuste técnico: es el equilibrio mismo entre poder y límite, entre gobierno y Constitución.
Y esa es, precisamente, lo que une a 1935 y 2025. A Cárdenas le sucedió un moderado que fue Ávila Camacho. A Sheinbaum quién.
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